¿Por qué los femicidios de mujeres trans no son considerados femicidios? 

Los transfemicidios y travesticidios son el extremo de un continuum de violencias que sufren mujeres trans por ejercer su identidad de género femenina auto-percibida. Éstas suelen iniciar con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud integral; y del mercado laboral. Esta exclusión continúa con la necesidad de entrar al mercado de trabajo sexual como único sostén de sus vidas; la criminalización de dicho trabajo y su identidad; la estigmatización y persecución social y la patologización de sus cuerpos (Radi y Sardá-Chandiramani, 2016). La violencia transfóbica es el cúmulo de prácticas de expulsión, exclusión y marginación desde el Estado y la sociedad cisexista. El activismo, la academia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han creado diferentes categorías y tipos penales para hablar de este tipo específico de violencia transfóbica que enfrenta la población transfemenina en específico y la población LGBTIQ+ en general. De la tabla de Maffia y Rueda (2019) EthnoData incorpora las categorías de crimen de odio (ILGALAC, 2020) y dos nuevas categorías, transcidio (Sileuta X, 2013) y transfeminicidio, importantes para resaltar el papel del Estado en la violencia transfobica y la reproducción del cisexismo  (Sánchez & Arévalo, 2020).

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal determina como femicidio la muerte violenta de una mujer. La victima puede ser mujer por su sexo (cisgénero) o por su condición de género (trans). En ambos casos el Estado debe proteger la inviolabilidad de la vida. 

La fiscalía señala como problemático que los operadores de justicia desconozcan el significado de identidad de género y el carácter de autopercepción. Esto imposibilita ver más allá del binarismo hombre/mujer. Comenta que en la práctica resulta más fácil probar un delito de homicidio u asesinato, puesto que en Ecuador no se comprende el alcance de una relación de poder más allá de la relación íntima de pareja o familiar y, a veces ni en esos casos. Es decir, a la violencia no se la mira como un fenómeno estructural enraizado en una sociedad patriarcal y heteronormada. Otro obstáculo en la administración de justicia en caso de transfemicidio es la definición de femicidio como: “la muerte a una mujer por el hecho de serlo o condición de género”.  Los operadores judiciales entienden como si se refiriera únicamente a mujeres cisgénero y heterosexuales. Entonces  la  invisibilización de las mujeres trans se debe a la incomprensión de la condición de género y se justifica su inaplicación alegando que muchas mujeres trans mantienen su cédula de identidad con el nombre y sexo masculino, a pesar del ejercicio de su identidad de género autopercibida femenina.

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que permite que las personas trans puedan cambiar su nombre y su género en la cédula de identidad se aprobó en 2016 gracias a  la lucha de organizaciones trans en el Ecuador. Los artículos 78 y 94 de la ley requieren dos testigos que acrediten que solicitante ha vivido con  su identidad trans por  dos años. Esta ley no cumple con los estándares de la CIDH sobre el principio de igualdad y no discriminación que señala que el cambio debe ser “basado únicamente en el consentimiento libre e informado”. 

Finalmente, la cedulación actual contempla definiciones de sexo para personas cisgénero y la categoría género para personas trans, lo cual es usado por la justicia para restringir derechos humanos de las víctimas de tranfemicidio. Esta ley debió ser reformada por la Asamblea Nacional de acuerdo con la Sentencia de Bruno Paolo Calderón de la Corte Constitucional del Ecuador del 2017, donde se ordena al Registro Civil eliminar la distinción sexo/género de la cédula, manteniendo únicamente el concepto de sexo. Si bien en principio volver a la categoría de sexo es una involución en términos teóricos, al menos no se crea doble cedulación entre personas cisgénero y trans. A esto debe sumarse que el acceso al cambio de género sigue siendo problemático por la falta de conocimiento o dinero. 

Los datos sobre transfemicidios en Ecuador

Estado

En 2011, el Estado ecuatoriano creó la  Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia para la homologación de metodologías e indicadores sobre delitos. A partir de 2014, con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal el grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia lleva adelante el monitoreo del delito femicidio a nivel nacional. Reportan el número de víctimas, el número de casos según se encuentren en fase preprocesal y procesal. 

Dentro de su matriz en el apartado características de las víctimas existe un subconjunto para determinar si la víctima es -glbti-. De los 427 procesos recogidos entre el 27 de febrero de 2014 al 07 de septiembre de 2020 ninguna víctima es lesbiana, trans o bisexual. Otro subconjunto es el sexo que lo entenderíamos como el asignado al nacer. El Estado está así reconociendo solo la categoría mujer como aquella que nace, lo que mantiene un sistema binario de sexo/género hombre/mujer masculino/femenino y que exluye a quiénes se autoidentifican como mujeres transgénero, transexuales o travestis.

Sociedad Civil

Asociación Silueta X 

Desarrolla un seguimiento a las muertes violentas de personas LGBTIQ+ desde 1990. Extraen data a través de la revisión de noticias sobre muertes violentas a personas de la diversidad sexual en medios de comunicación, denuncias y acciones registradas durante todo el año. Desde 2019 cuentan con  un formato en línea que permite la recolección de datos en las categorías: asesinatos, muertes violentas o no esclarecidas, amenazas de muertes e intentos de asesinatos. En su metodología de informes se señala la posibilidad de un error que oscila entre el 3 al 5%.

Anualmente publican los informes Runa Sipiy y Acceso a la Justicia a personas TLGBI en donde exponen datos sobre muertes violentas desagregadas por orientación sexual e identidad de género. En Ethnodata hemos desagregado su data en el siguiente gráfico con los datos totales de muertes violentas de mujeres trans en contraposición de muertes a gays, bisexuales, lesbianas, transmasculinos y género no conforme.

El gráfico de abajo muestra información entre 1990 y 2019.  Se contabilizaron 82 muertes violentas de personas GLBTI+. 64 víctimas fueron mujeres trans (79% del total). En el año 2014, las muertes violentas sumaron 9 casos de los cuales 8 fueron mujeres trans es decir el (89%). En 2015, se registraron  8 muertes violentas, 6 fueron mujeres trans(75%). En 2016 existieron 4 muertes violentas, sin determinar el género de las víctimas. En el 2017 se registraron 5 muertes violentas, 4 corresponden a mujeres trans (80%). En el 2018, se registraron 2 muertes violentas a personas LGBTIQ+ sin desagregar casos de mujeres trans. En el año 2019, mencionan ha sido “el año de terror, en el que se ha superado en un 500% datos en relación a años anteriores (...) y el 800% de incremento en asesinatos” (Runa Sipiy, 2019), del registro total de muertes violentas 12 corresponden a mujeres trans 75%. 

 

En conclusión, las muertes violentas que Silueta X reporta indican que el 72,9% de las víctimas son mujeres trans. Puedes escuchar un podcast sobre la realidad que viven las mujeres trans víctimas de muertes violentas aquí.

Taller Comunicación Mujer y Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

Estas organizaciones analizan decisiones judiciales de casos de muertes violentas de mujeres en el Ecuador en los años 2015, 2016 y 2017 bajo el título La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador Vol.I, II y III. Los datos se obtuvieron a través de periódicos nacionales y locales, cadenas televisivas, radios digitales, sitios web, de la Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Policía y la Función Judicial,  redes sociales y sentencias. A pesar del esfuerzo por monitorear y recolectar información no identifican transfemicidios en donde la víctima sea una mujer trans. En el mapa publicado el 23 de octubre de la Alianza para el monitoreo y mapeo de los femicidios en Ecuador por primera vez se reportó tres casos de transfeminicidio.

Observatorio de Personas Trans asesinadas

El observatorio de muertes trans es un proyecto de “Transrespeto verus Transfobia en el Mundo” de Transgender Europe. Documenta muertes de personas trans y de género diverso asesinadas en todo el mundo gracias a la colaboración de activistas y organizaciones aliadas. Según su plataforma, en Ecuador existen 28 muertes de personas transfemeninas, transmasculinos y no binarias entre 2008 a 2015, una tasa de 1.779 personas trans muertas por millón de habitantes en Ecuador. La información no se desagrega por identidad de género transfemenina.

Elementos comunes en los transfemicidios

La cobertura y narración de los transfemicidios en Ecuador en los medios de comunicación tienen elementos comunes.

  • Hay un alto nivel de ensañamiento contra los cuerpos de las mujeres trans, que de manera recurrente se da con armas blancas (cuchillos, machetes), los cortes o heridas son, usualmente, en lugares donde se expresa con claridad  su identidad de género (rostro, pechos, área genital, nalgas o abdomen), lo cual constituye un mensaje simbólico hacia la comunidad trans. 
  • Las mujeres trans no son percibidas como víctimas, denunciantes o testigos, sino como sospechosas porque eran trabajadoras sexuales. Esta estigmatización  y distribución deficiente de las oportunidades de vida como un dispositivo de producción de muerte prematura y violenta es lo que Spade (2009) llama “una administración de la muerte de carácter estatal”.

  • La narración que se realiza en los medios de comunicación, partes policiales y procesos judiciales sobre muertes violentas de mujeres trans es transfobica porque se usa generalmente el nombre masculino de la víctima en función de su documento de identidad, anulando su identidad de género auto-percibida; a pesar de existir una Ley que permite el cambio de nombre y género no todas las mujeres trans la conocen o pueden acceder a ella.

El uso y reiteración del término de identidad de género autopercibida

Los avances jurídicos en materia de identidad de género representan también una conquista a nivel lingüístico. Lo trans como un fenómeno multidimensional y amplio crea espacio para la auto‐identificación a través de la enunciación, performatividad (Butler, 1988) y percepción del género. Para Víctor Madrigal-Borloz (2020) como Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas para el sur global comenta los casos de las Muxes en México y las travestis en Argentina para recordar que existen tensiones y debates dentro de la comunidad LGBTIQ+ transnacional sobre los términos usados para auto-percibirse como mujer trans o travesti o muxe. En su opinión, la imposición puede venir de la esfera académica, lo cual genera tensiones. 

Para María Mercedes Gómez (2020) la reiteración de palabras como identidad de género autopercibida, trans y cisexismo es fundamental porque dimensiona la identidad desde el acto y trabajo político de la persona. Es clave entender que la identidad de género no se reduce a la sexualidad sino que emerge de un acto político que se despliega a contra corriente de todo esencialismo. La identidad de género es múltiple y adquiere diversas significaciones en el derecho, la ciencia o el activismo. 

En Ecuador a raíz de la Sentencia 111-97-TC que despenalizó la homosexualidad en Ecuador el 27 de noviembre de 2017 empieza un momento en donde los términos homsexual y travesti, usados como paraguas ante las orientaciones lésbicas, gays, bisexuales e identidades trans se individualizan. Sin embargo, a decir de Odalys Cayambe Bustamante , lideresa  trans, directora de la Red Comunitaria Trans del Ecuador, vocera de la organización Trans-lgbi “Vivir libre” y dirigente de la primera casa de acogida dirigida a Población Trans migrantes, adultas mayores y en situación de marginalidad menciona que el no acceder al sistema de educación y desconocer de educación sexual hace que las mujeres trans con quienes trabaja no se enuncien como homosexuales, gays o travestis, ni como mujeres trans. Si algo es claro para ellas es que “una se viste como piensa, como el alma apetece” así el Estado o sociedad civil nos diga LGBTI, malas, brujas o putas.

A modo de conclusión

El 17 de mayo de 2019 mujeres trans sobrevivientes de la década de los 70’s, 80’s y 90’s presentaron junto a INREDH una demanda de lesa humanidad en Fiscalía General en Quito contra el Estado ecuatoriano por las muertes a mujeres trans y LGBTIQ+ .bajo el delito de lesa inmunidad. De haber existido el tipo penal de femicidio en la época de los crímenes, muchos casos deberían haberse investigado y procesado por transfemicidios o delitos de odio. Sin embargo, incluso con la existencia de la ley hubiese sido poco probable que dichos crímenes sean procesados porque las instituciones que investigan muertes violentas no comprenden la identidad de género femenina autopercibida. 

Es necesario implementar protocolos para víctimas transfemeninas en el sistema penal ecuatoriano. Pero  bajo la visión heternormativa y binaria de sexo/género es practicamente imposible. ¿Bajo qué parámetros se entendería a las víctimas; el documento de identidad o su genitalidad o la identidad autopercibida independientemente? Una posibilidad sería reconocer que las etiquetas de género no son neutrales y la información sobre muertes violentas requiere constante revisión técnico-política para aprovechar las infraestructuras de datos existentes (Poirier, 2017)

La generación de un protocolo como lo tiene México para víctimas tranfemeninas en Ecuador es una propuesta hacia el Estado. Esta construcción debe involucrar a la sociedad civil transfemenina y LGBTIQ+ que constantemente realiza denuncias públicas y recopila información sobre casos. En esta línea, se necesita articular agencias gubernamentales y sociedad civil para crear espacios y compromisos con las mujeres trans (Marcus, 2008)

El Estado debe comprender que genera violencias estructurales que sobredeterminan las experiencias de las mujeres trans y cuestionar el privilegio cisgénero que reproduce. La estructura cisexista normaliza las muertes violentas a mujeres trans en un contexto en donde el promedio de vida en latinoamérica de una mujer trans es de 35 años, “porque en general, la referente de cada una está muerta” (Maffia & Rueda 2014). Aunque fiscales y jueces insisten en mantener la condición heterosexual de las víctimas de femicidio, también existen quienes comprenden la identidad de género autopercibida como por ejemplo los despachos fiscales de las Unidades de Violencia de Género, que comienzan a resquebrajar estos priv ilegios (Vaggione, 2008)

Finalmente, es pertinente anotar que no toda muerte violenta de una mujer trans es un transfemicidio porque el caso concreto podría adecuarse a una investigación y proceso por homicidio, asesinato o delito de odio con muerte, es necesario (re)pensar porque en seis años de vigencia del COIP el delito de feminicidio solo se adecua a las muertes violentas de mujeres cisgénero.

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