Política de Datos en Muertes Violentas
La diferencia en cifras oficiales de muertes violentas es uno de los principales problemas de política pública señalado por diversas agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil.
La institución responsable del manejo estadístico oficial sobre muertes violentas en Ecuador es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esta agencia estatal creó en 2010 la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia con el fin de homologar los datos de muertes violentas y otros indicadores de seguridad ciudadana y criminalidad. En 2016, el INEC conforma la Subcomisión Técnica de Validación que luego es denominada Grupo de Fortalecimiento Estadístico de Indicadores de Seguridad y Justicia. Dentro de éste, por ejemplo, el Subcomité de Validación de Estadísticas de Femicidio homologa las cifras de muertes violentas semanalmente y las retroalimenta mensualmente, además de realizar un cierre anual.
Todas estas instancias de gobierno estadístico en el país son parte de un proceso complejo de política de datos que no puede reducirse a la mera gestión burocrática de la información. Por el contrario, estos esfuerzos interinstitucionales han permitido visibilizar que las bases de datos son, en sí mismas, una arena política donde se libran luchas y generan consensos sobre el control de la evidencia numérica estatal. Por ejemplo, la ficha metodológica sobre Femicidios identifica la pluralidad de prácticas de registro institucional como el mayor factor a tomar en cuenta al momento de entender diferencias y distorsiones cuantitativas. Además subraya la necesidad de implementar un mecanismo de retroalimentación permanente de las bases de datos.
En 2019, cuando EthnoData inició la recopilación de información, el personal encargado de las bases comentó repetidamente que los datos son “muy diferentes”. No obstante, las bases entregadas presentan disparidades mínimas.
¿Por qué las instituciones perciben tener un problema estadístico que al parecer fue ya solucionado técnicamente? La respuesta no puede encontrarse solo en las bases de datos. Es necesario analizar detenidamente la historia social de los datos de muertes violentas y la política de cuantificación que informa la evidencia estadística en materia de seguridad ciudadana y justicia criminal.
La energía y trabajo invertido por parte del estado y la sociedad civil en el mejoramiento de las cifras oficiales puede entenderse en conversación con los Estudios Críticos de Datos, particularmente el concepto de “cultura del indicador” desarrollado por Sally Engle.
La “cultura del indicador” se refiere a la creciente importancia de la cuantificación en la gobernanza, basada en la racionalidad técnica y tecnológica que define la comprensión del mundo a través de métricas y estadísticas. La evidencia numérica que informa la política pública no es neutral. Los datos no pueden separarse de los problemas morales, éticos, económicos, sociales y políticos que enfrentan las personas responsables de la cuantificación.
Como David Ribes afirma, la politización de la transformación, circulación, interoperación y recolección de datos hoy en día, encuentra múltiples interesados que van desde partidos políticos, periodistas, activistas, académicos hasta empresas de seguridad. El resultado es el encuentro de la evidencia numérica con diferentes lenguajes interpretativos.
El estado usa las cifras sobre muertes violentas mediáticamente como indicador de eficiencia. Curiosamente, las organizaciones feministas contestan con la misma estrategía. La forma en que responden al despliegue de cifras estatal es aludir que son incorrectas. El escrutinio público de los datos ofrece una arena política, que a simple vista, parece ser por quién provee mejores y más robustas cifras, pero constituye principalmente una estrategia de acceso a políticas públicas, además de una discusión implícita sobre la producción, depuración y gobernanza de la información.
Esto quiere decir que la cuantificación del homicidio y femicidio es un proceso necesario, pero no suficiente para gestionar y entender las muertes violentas. Por ejemplo, los datos estadísticos de femicidio interactúan con economías visuales que requieren ser situadas históricamente dentro de procesos más amplios como la lucha feminista, los medios de comunicación y las variadas respuestas por parte del Estado.